Edomex pone lupa al gasto federalizado
– Delfina Gómez llama a los 125 municipios a ejercer cada peso con legalidad, transparencia y rendición de cuentas
Toluca, Estado de México; El Estado de México se convirtió en la primera entidad del país donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en marcha las Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en municipios, un nuevo modelo de revisión orientado a fortalecer el control, prevenir irregularidades y transparentar el destino del dinero público.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la apertura de los trabajos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, acompañada por autoridades federales, estatales y representantes de los 125 ayuntamientos mexiquenses.
Durante el encuentro, la mandataria exhortó a presidentas y presidentes municipales, tesoreros y contralores a garantizar que los recursos públicos se administren con estricto apego a la ley y se conviertan en resultados concretos para la población.
Subrayó que la fiscalización no debe entenderse únicamente como una revisión administrativa, sino como un instrumento para mejorar el desempeño de las instituciones y asegurar que el presupuesto se traduzca en obras, servicios y programas capaces de elevar la calidad de vida de más de 17 millones de mexiquenses.
El nuevo esquema surge de la coordinación entre la ASF y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). Su aplicación permitirá ampliar la cobertura de las revisiones municipales, evitar duplicidades entre las autoridades fiscalizadoras y detectar oportunamente riesgos o deficiencias en el manejo de los recursos provenientes de la Federación.
Delfina Gómez destacó que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben orientar permanentemente el trabajo de los gobiernos. También pidió a las autoridades municipales responder a la confianza ciudadana mediante una administración responsable, en la que cada peso recaudado, presupuestado y ejercido tenga un beneficio verificable para las comunidades.
La gobernadora reconoció el trabajo conjunto de los órganos de fiscalización y reiteró la disposición de su administración para colaborar con la Federación y los ayuntamientos en el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional.
Como parte de los antecedentes presentados, se informó que una revisión de la ASF reconoció la adecuada gestión estatal en la distribución y pago de más de 40 mil 975 millones de pesos correspondientes a participaciones federales destinadas a los 125 municipios mexiquenses.
Por su parte, la auditora superior del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, explicó que el Estado de México cuenta con 547 entidades fiscalizables, el segundo universo más amplio del país. Para 2026 fueron programadas 179 auditorías, la cantidad más alta registrada en los últimos siete años.
Además, mediante los programas anuales correspondientes a 2025 y 2026 se contemplan 196 revisiones dirigidas al ámbito municipal, con las cuales se alcanzará una cobertura acumulada de la totalidad de los ayuntamientos.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que el propósito de este ejercicio es ordenar y transparentar la información relacionada con el gasto público de los tres órdenes de gobierno. El modelo contempla la construcción de una base nacional que facilite conocer cómo se ejercen los recursos y permita a la ciudadanía consultar datos sobre adquisiciones, contrataciones y otras operaciones gubernamentales.
Las auditorías, explicó, buscarán desarrollar procedimientos más ágiles y coordinados, además de fortalecer los canales para recibir y atender denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades.
El arranque de este modelo coloca al Estado de México como punto de partida de una estrategia nacional de fiscalización que pretende ir más allá de la detección de anomalías. Su enfoque incorpora la prevención, el acompañamiento institucional y la mejora de los procesos administrativos.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan que la vigilancia del gasto federalizado tenga una mayor cobertura y que sus resultados ayuden a cerrar espacios a la corrupción. El desafío será convertir las revisiones en prácticas permanentes de buen gobierno y, sobre todo, demostrar que la transparencia puede traducirse en mejores servicios y resultados tangibles para la ciudadanía.