Durante el Mundial, México volvió a encontrar una frase para nombrar la esperanza: “¿Y si sí?”. Tres palabras sencillas, casi ingenuas, pero profundamente poderosas. Bastaron para encender conversaciones, reunir familias, llenar plazas, vestir calles y permitirnos imaginar, aunque fuera por unos días, que esta vez la historia podía ser distinta.
No hay nada malo en creer. Al contrario, un país que deja de creer empieza a morir por dentro. La esperanza también construye comunidad, identidad y pertenencia. El problema aparece cuando reservamos esa capacidad de ilusión para el futbol, la fiesta o el espectáculo, pero renunciamos a exigirla en los temas donde la vida pública nos duele de verdad.
Porque quizá la pregunta más importante no era solamente si México podía ganar un partido. Quizá la pregunta que tendríamos que hacernos, con más seriedad y más responsabilidad, es otra: ¿y si sí hubiera Estado?
¿Y si sí hubiera respuestas para las madres buscadoras?
¿Y si sí hubiera instituciones capaces de acompañarlas sin revictimizarlas, escucharlas sin administrarlas y protegerlas sin convertir su dolor en trámite?
Las madres buscadoras no tendrían que estar solas frente a la tierra, frente a los expedientes, frente al miedo, frente a la indiferencia. Ninguna madre debería aprender a distinguir olores, reconocer terrenos, organizar brigadas o tocar puertas para encontrar a quien el Estado está obligado a buscar. Su lucha no es una causa privada; es una herida pública.
Cuando una madre sale a buscar a su hija, a su hijo, a su hermano, a su esposo o a cualquier persona desaparecida, no solo está buscando a alguien de su familia. Está buscando también una respuesta institucional. Está preguntando si todavía existe un país capaz de hacerse cargo del dolor de los suyos.
Y ahí la pregunta vuelve a doler: ¿y si sí hubiera Estado?
¿Y si sí hubiera investigaciones completas, búsquedas oportunas, bases de datos confiables, fiscalías sensibles, autoridades coordinadas y una política pública que no llegara tarde?
La desaparición de personas no puede tratarse como estadística lejana ni como expediente acumulado. Cada número tiene nombre, historia, rostro y una familia suspendida en una espera que nadie debería vivir. Una democracia no puede acostumbrarse a que miles de familias tengan que convertirse en investigadoras, rastreadoras y defensoras de derechos humanos para intentar obtener lo mínimo: verdad.
También tendríamos que preguntarnos: ¿y si sí hubiera protección real para quienes informan?
El caso de la periodista veracruzana Roxana Guzmán nos recuerda, con enorme dolor, que ejercer el periodismo en distintas regiones del país sigue siendo una labor de riesgo. Su secuestro y posterior muerte estremecen no solo por la violencia del hecho, sino por lo que representa para la libertad de expresión, para el derecho a saber y para la vida comunitaria.
Cuando una periodista es agredida, no pierde únicamente su familia, no pierde únicamente su medio, no pierde únicamente su gremio. Pierde la sociedad entera. Porque cada voz silenciada reduce nuestra capacidad de entender lo que ocurre. Cada agresión contra alguien que informa debilita el derecho ciudadano a conocer, cuestionar y decidir.
Por eso, la defensa de periodistas no puede quedarse en comunicados de condena ni en frases de solidaridad. La libertad de expresión necesita prevención, protección, investigación y justicia. Necesita autoridades que actúen antes, durante y después; necesita comunidades que no normalicen el miedo; necesita ciudadanía que entienda que sin prensa libre no hay democracia viva.
No se trata de señalar por señalar. Se trata de reconocer una deuda institucional que no puede seguir creciendo. México necesita que quienes buscan no sean ignoradas, que quienes denuncian no sean perseguidos, que quienes informan no sean abandonados y que quienes ejercen autoridad entiendan que el poder público existe para servir, proteger y responder.
Ahí también entra la ciudadanía. Porque pedir Estado no significa esperar pasivamente a que alguien más resuelva todo. Pedir Estado también exige preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad.
¿Nos informamos o solo reaccionamos?
¿Participamos o solo nos quejamos?
¿Acompañamos causas justas o esperamos a que el dolor nos toque de cerca?
¿Defendemos la verdad o compartimos rumores?
¿Exigimos instituciones o celebramos su debilitamiento cuando conviene a nuestras preferencias políticas?
La ciudadanía no sustituye al Estado, pero sí puede empujarlo, vigilarlo y recordarle su razón de ser. Un país no cambia únicamente desde el poder; también cambia desde la conversación pública, desde la organización vecinal, desde el voto informado, desde el acompañamiento a las víctimas, desde la exigencia pacífica y desde la decisión diaria de no normalizar lo inaceptable.
Por eso, el “¿Y si sí?” no debería quedarse en una frase mundialista. Debería convertirse en una pregunta cívica.
¿Y si sí nos importara lo público?
¿Y si sí entendiéramos que la seguridad, la justicia, la verdad y la libertad de expresión no son temas de otros, sino condiciones para que todas y todos podamos vivir con dignidad?
¿Y si sí dejáramos de mirar el país como espectadores y empezáramos a asumirnos como ciudadanos?
México no necesita renunciar a la esperanza. La necesita más que nunca. Pero una esperanza adulta, responsable, exigente. Una esperanza que no se conforme con emocionarse cada cuatro años, sino que se atreva a pedir resultados todos los días.
Porque claro que necesitamos creer que México puede ganar. Pero también necesitamos creer, exigir y construir un país donde buscar a un hijo no sea una condena, informar no sea un riesgo, preguntar no sea una amenaza y gobernar no sea administrar silencios.
¿Y si sí hubiera Estado?
Tal vez esa sea la pregunta que más nos urge responder.
Y tal vez la respuesta no dependa solo de quienes gobiernan, sino también de una ciudadanía que decida involucrarse, cuidar su democracia y no acostumbrarse nunca a vivir sin justicia.