Por: Cristina Madrazo
México enfrenta una realidad económica que debe leerse con seriedad. El país mantiene estabilidad en algunos indicadores, conserva todavía el grado de inversión y cuenta con sectores productivos capaces de resistir contextos internacionales complejos. Sin embargo, el crecimiento económico sigue siendo débil y esa debilidad empieza a convertirse en una de las principales alertas para el presente y el futuro del país.
El problema no es únicamente crecer poco, sino lo que ocurre cuando un país crece poco durante demasiado tiempo. Crecer poco significa menor generación de empleo formal, menor inversión, menor recaudación, menor capacidad para financiar programas públicos y menor margen para atender las grandes demandas sociales. Significa también que las promesas de bienestar, infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo regional se vuelven más difíciles de sostener.
En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana mostró señales de debilidad. Aunque el crecimiento anual fue ligeramente positivo, la actividad económica se contrajo frente al trimestre anterior. Esto confirma una tendencia preocupante: México avanza, pero avanza lentamente; resiste, pero no despega; mantiene estabilidad, pero no logra convertirla en dinamismo suficiente.
La diferencia importa porque la estabilidad evita crisis, pero el crecimiento construye futuro. Un país puede tener una inflación más controlada, una moneda relativamente fuerte y un sistema financiero funcional, pero si no crece con fuerza, la vida cotidiana de las personas no mejora al ritmo que se necesita. La estabilidad macroeconómica es indispensable, pero no basta si no se traduce en inversión, empleo, productividad, mejores salarios y oportunidades reales.
El Banco de México redujo su expectativa de crecimiento para 2026 a 1.1%. La cifra revela una economía con poco impulso y con desafíos importantes por delante. No se trata de un dato aislado: refleja debilidad en la inversión, cautela empresarial, menor dinamismo interno y un contexto internacional que exige mayor capacidad de adaptación.
A esta situación se suma un elemento delicado: el aumento de la deuda pública y el costo financiero del Estado. Moody’s advirtió recientemente que la deuda pública de México podría acercarse al 55% del Producto Interno Bruto hacia 2028. La agencia también bajó la calificación soberana del país a Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión. México no ha perdido esa categoría, pero quedó más cerca de una zona de mayor riesgo.
Esto significa que el margen se está cerrando. Cuando un gobierno tiene bajo crecimiento, deuda creciente, gasto rígido y altos compromisos financieros, su capacidad para decidir se reduce. Cada peso destinado al pago de intereses es un peso que no se invierte en infraestructura, salud, educación, seguridad o desarrollo económico.
El reto se vuelve todavía más complejo por el peso de Pemex, las pensiones y otros gastos obligatorios. Son compromisos que presionan las finanzas públicas y que dejan menos espacio para impulsar políticas de crecimiento. Gobernar con recursos limitados exige mayor disciplina, mejores decisiones y una visión económica de largo plazo.
México necesita crecer más, no por una obsesión técnica con las cifras, sino porque el crecimiento es la base material de cualquier proyecto social serio. Sin crecimiento, la justicia social se vuelve más frágil; sin inversión, las oportunidades se reducen; sin productividad, los salarios no mejoran de manera sostenible; y sin finanzas públicas sanas, las promesas terminan dependiendo más del discurso que de la capacidad real del Estado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta aquí uno de sus desafíos más importantes: sostener una narrativa de bienestar y continuidad social, pero al mismo tiempo demostrar responsabilidad económica, disciplina fiscal y capacidad para generar confianza. El país necesita inversión pública, pero también inversión privada; necesita infraestructura, pero también certeza jurídica; necesita programas sociales, pero también crecimiento productivo; necesita estabilidad, pero también innovación, competitividad y empleo de calidad. No se trata de elegir entre desarrollo social y responsabilidad económica, sino de entender que una depende de la otra.
Una economía débil limita las posibilidades de cualquier gobierno, sin importar su ideología. Cuando el crecimiento se estanca, se estrecha también la capacidad para cumplir compromisos, enfrentar crisis y mejorar la vida de las personas. Por eso, la discusión económica no debe reducirse a indicadores técnicos ni a debates entre especialistas; debe entenderse como una conversación sobre el futuro posible del país.
México tiene ventajas importantes: ubicación estratégica, integración con América del Norte, talento humano, capacidad manufacturera, potencial exportador y una oportunidad histórica frente al nearshoring. Pero esas ventajas no se aprovechan solas. Requieren certidumbre, infraestructura, Estado de derecho, energía suficiente, seguridad, innovación y una política económica que entienda el momento global.
El país no puede conformarse con resistir: tiene que crecer, y tiene que hacerlo de manera sostenible, incluyente y responsable. Una economía que apenas avanza no puede sostener indefinidamente las expectativas de una sociedad que exige más y mejor gobierno. El desafío de México no es solo evitar una crisis, sino recuperar la capacidad de imaginar y construir prosperidad.
No basta con administrar la estabilidad. México necesita convertirla en desarrollo, porque cuando un país crece poco, también se achican sus posibilidades; y cuando se achican sus posibilidades, el futuro empieza a depender menos de las promesas y más de las decisiones que se tomen a tiempo.