Por: Redacción
México enfrenta una advertencia que no puede leerse solo como un dato financiero.
La posibilidad de que la deuda pública alcance el 55% del Producto Interno Bruto hacia 2028, como estima Moody’s Ratings, coloca sobre la mesa una pregunta central para el gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿con qué margen fiscal se pretende gobernar un país que exige más inversión social, más infraestructura, más seguridad, más salud, más educación y, al mismo tiempo, arrastra compromisos financieros cada vez más pesados?
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de crédito en Moody’s Ratings, señaló en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte que el escenario base de la agencia contempla que la carga de la deuda del gobierno federal se aproxime al 55% del PIB en 2028.
La cifra importa. Pero importa todavía más la tendencia.
En 2023, la deuda del gobierno mexicano se ubicaba alrededor del 40% del PIB. Para 2025 ya se encontraba cerca del 50%. Es decir, en apenas dos años, el país avanzó más de diez puntos porcentuales en su nivel de endeudamiento. Ese crecimiento no es menor y revela el tamaño del ajuste fiscal que el gobierno tiene pendiente.
Moody’s ha sido clara en su preocupación: México no solo enfrenta un aumento de deuda, sino una menor capacidad para reducir su déficit bajo las reglas fiscales actuales. De acuerdo con Merino, desde 2023 se ha observado un incumplimiento de los parámetros del marco institucional de la política fiscal, lo que debilita la credibilidad del gobierno para ordenar sus finanzas públicas.
El tema no es solamente contable. Es político.
Cuando un país aumenta su deuda, eleva también su dependencia de los mercados, reduce sus márgenes de maniobra y queda más expuesto a la percepción de inversionistas, calificadoras y organismos financieros. En otras palabras: la deuda no solo compromete números; compromete decisiones futuras.
La reciente baja de la calificación soberana de México por parte de Moody’s, de Baa2 a Baa3, debe entenderse en ese contexto. Baa3 es todavía grado de inversión, pero es el último escalón antes de entrar en grado especulativo. Esto significa que México conserva, por ahora, una nota aceptable para muchos inversionistas institucionales, pero queda peligrosamente cerca de una zona de mayor riesgo.
Si la calificación bajara un nivel más, el país podría enfrentar una percepción más negativa, mayores costos de financiamiento y una presión adicional sobre sus finanzas públicas.
Moody’s atribuyó el ajuste a tres factores centrales: el debilitamiento fiscal, la estrecha base de ingresos del gobierno y los apoyos recurrentes a Pemex.
Pemex sigue siendo uno de los grandes nudos fiscales del país. La empresa productiva del Estado no solo representa un símbolo político para el actual proyecto de gobierno; también representa una carga financiera considerable. Mientras el crecimiento económico se mantiene limitado, Moody’s considera altamente probable que el gobierno federal continúe destinando recursos para sostener a la petrolera.
Ese es uno de los puntos más delicados del diagnóstico: México enfrenta una deuda creciente en un entorno de crecimiento moderado. Y cuando un país crece poco, recauda menos, invierte con dificultad y reduce su capacidad para estabilizar sus compromisos financieros.
A esto se suma otro frente complejo: el gasto obligatorio.
Pensiones, intereses de deuda, transferencias, programas presupuestarios y apoyos a empresas públicas van reduciendo el espacio de decisión del gobierno. Cada peso comprometido limita la posibilidad de responder con flexibilidad a nuevas crisis, invertir en sectores estratégicos o corregir desequilibrios estructurales.
El dato más sensible es el costo financiero.
De acuerdo con Merino, el gobierno de México destina actualmente alrededor del 17% de sus ingresos al pago de intereses de la deuda. En 2021, esa cifra se ubicaba entre el 10% y el 11%. El salto es significativo porque muestra que una parte cada vez mayor del ingreso público se va, no a construir futuro, sino a pagar el costo del endeudamiento pasado y presente.
Ahí está el verdadero riesgo.
No se trata únicamente de cuánto debe México, sino de cuánto le cuesta deber. Y, sobre todo, de cuánto deja de hacer el Estado cuando una porción creciente de sus ingresos se destina al pago de intereses.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta así una tensión de fondo: sostener la narrativa de continuidad social y bienestar, al mismo tiempo que debe demostrar disciplina fiscal, credibilidad económica y capacidad de gestión financiera.
Prometer derechos, programas y grandes proyectos es políticamente rentable. Financiarlos con responsabilidad es el verdadero desafío de gobierno.
México necesita una discusión seria sobre ingresos públicos, gasto eficiente, deuda, pensiones, Pemex y crecimiento económico. No basta con afirmar que la deuda es manejable. Tampoco basta con desestimar las advertencias de las calificadoras como si fueran simples opiniones externas. La estabilidad financiera de un país no se construye con discursos, sino con decisiones responsables, reglas claras y credibilidad sostenida.
Moody’s no está diciendo que México haya perdido el grado de inversión. Pero sí está advirtiendo que el margen se está cerrando.
Y cuando el margen fiscal se cierra, también se reduce el margen político.
Porque un gobierno con deuda creciente, intereses altos, bajo crecimiento y compromisos presupuestarios rígidos tiene menos capacidad para cumplir promesas, atender emergencias, invertir en desarrollo y sostener estabilidad social.
El reto para México no es solamente evitar una nueva baja de calificación. El verdadero reto es impedir que la deuda se convierta en una camisa de fuerza para el futuro.
Gobernar también implica cuidar la viabilidad financiera del Estado.
Porque sin finanzas públicas sanas, la justicia social se vuelve promesa frágil.
Y sin crecimiento, disciplina y responsabilidad fiscal, cualquier proyecto político, por ambicioso que sea, termina enfrentándose a una realidad inevitable: no hay transformación posible si el país pierde capacidad para financiar su propio futuro.