México vuelve a mirar hacia el magisterio.
No es la primera vez. La historia política y educativa del país ha estado marcada, durante décadas, por una relación compleja entre el Estado, los sindicatos docentes, las reformas educativas y las condiciones reales en las que miles de maestras y maestros sostienen, todos los días, la educación pública.
En junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, mantiene una nueva jornada de huelga nacional, acompañada de marchas, bloqueos y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Su presencia vuelve a colocar en el centro de la discusión pública una pregunta de fondo: ¿cómo atender demandas laborales legítimas sin permitir que la protesta derive en una afectación prolongada a la ciudadanía y, sobre todo, a las niñas, niños y jóvenes que dependen de la escuela pública?
La CNTE no es un actor menor. Nacida el 17 de septiembre de 1979 en Chiapas como una disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido durante años una de las fuerzas sindicales más visibles, combativas y persistentes frente a las reformas educativas impulsadas por distintos gobiernos. Su historia no puede entenderse únicamente desde la protesta; también debe leerse desde el abandono, la precarización, la desconfianza institucional y la falta de respuestas estructurales a problemas que se han acumulado durante décadas.
Sus demandas actuales se concentran en cinco grandes ejes.
El primero es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el sistema de pensiones y abrió paso a un modelo basado en cuentas individuales y Afores. Para el magisterio, este cambio significó una pérdida profunda de derechos laborales adquiridos. La exigencia de regresar a un esquema que permita jubilarse por años de servicio (28 años para mujeres y 30 para hombres), no es solo una demanda administrativa: es una exigencia de seguridad, dignidad y reconocimiento después de una vida dedicada a la enseñanza.
El segundo eje es el incremento salarial. La CNTE solicita un aumento del 100% al sueldo base, frente a una oferta gubernamental que considera insuficiente. Más allá de la cifra, el fondo del reclamo es evidente: en México se habla mucho de la importancia de la educación, pero se invierte poco en dignificar a quienes la hacen posible. No puede construirse una educación pública fuerte con maestras y maestros mal pagados, desgastados y permanentemente colocados bajo sospecha.
El tercer eje tiene que ver con la eliminación de las Afores y de la UMA como referencia para el cálculo de pensiones. Detrás de esta demanda hay una preocupación real: el temor de miles de trabajadores a llegar al retiro con pensiones insuficientes, después de haber entregado décadas de servicio al país.
El cuarto punto se relaciona con la abrogación de las reformas educativas conocidas por el magisterio disidente como “Peña-Andrés” y con la desaparición de la USICAMM. Para la CNTE, estas reformas no han fortalecido verdaderamente a la educación pública, sino que han convertido la evaluación y los procesos administrativos en mecanismos de presión, control y desgaste para el personal docente.
Finalmente, la organización exige el pago de salarios adeudados a docentes interinos, la reinstalación de maestros cesados por participar en movilizaciones y la instalación de mesas de diálogo tripartitas en los estados.
Hasta aquí, es indispensable reconocer algo: muchas de estas demandas tienen legitimidad. Hablan de derechos laborales, pensiones dignas, justicia salarial, estabilidad profesional y defensa de la educación pública. Ningún gobierno que se diga comprometido con la justicia social puede desestimar de manera superficial estos reclamos.
Sin embargo, la legitimidad de una causa no cancela la responsabilidad sobre los métodos.
La protesta social es un derecho. Pero cuando se prolonga durante semanas, bloquea vialidades, afecta la movilidad cotidiana, paraliza actividades económicas y golpea indirectamente a estudiantes y familias, empieza a producir un desgaste que termina debilitando incluso la causa que busca defender.
Ese es el punto más delicado del momento que vive la CNTE: sus demandas pueden ser justas, pero sus formas empiezan a generar una distancia creciente con sectores de la sociedad que, aun entendiendo el fondo del reclamo, resienten las consecuencias de los bloqueos, los plantones y la suspensión prolongada de clases.
El problema se vuelve todavía más complejo cuando la organización advierte la posibilidad de afectar un evento internacional como el Mundial de Fútbol 2026. Usar un acontecimiento de esa magnitud como instrumento de presión puede generar visibilidad, sí, pero también puede reforzar una narrativa de radicalización que le reste respaldo social al movimiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta aquí una de las grandes pruebas sociales y políticas de su administración. Durante la campaña, prometió dignificar la labor docente y mejorar la educación pública. Hoy, esas promesas se enfrentan con la realidad: el magisterio exige respuestas concretas, no solo gestos de negociación.
El gobierno federal ha puesto sobre la mesa algunas propuestas: revisar la edad de jubilación, avanzar hacia la eliminación de la USICAMM y establecer comisiones tripartitas. Pero para la CNTE, estas respuestas siguen siendo insuficientes porque no resuelven el fondo del problema: el modelo de pensiones, la precarización laboral y la falta de una política educativa que reconozca al docente como actor central del desarrollo nacional.
La salida no está en minimizar al magisterio ni en romantizar la protesta. Tampoco está en permitir que el conflicto se vuelva permanente y que la ciudadanía quede atrapada entre la incapacidad gubernamental para resolver y la presión sindical para hacerse escuchar.
México necesita una solución más madura.
Una solución que reconozca que las maestras y los maestros merecen mejores condiciones laborales, pensiones dignas y respeto institucional. Pero también una solución que coloque al centro a las y los estudiantes, porque ningún derecho laboral debe defenderse a costa del derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación.
El país requiere diálogo verdadero, no mesas simbólicas. Requiere negociación con plazos, compromisos verificables y voluntad política. Requiere también que la CNTE comprenda que toda causa social necesita cuidar su vínculo con la ciudadanía, porque cuando la protesta pierde empatía social, pierde fuerza moral.
La educación pública no puede seguir siendo rehén de reformas inconclusas, promesas incumplidas, intereses sindicales, cálculos políticos y conflictos que se heredan de un sexenio a otro.
La CNTE tiene razón en exigir dignidad para el magisterio. Pero también tiene la responsabilidad de no convertir esa exigencia en una afectación permanente para la sociedad.
El gobierno tiene la obligación de atender las demandas justas. Pero también debe garantizar que la educación, la movilidad y la vida cotidiana de millones de personas no queden paralizadas por la falta de acuerdos.
En el fondo, esta crisis no solo habla del magisterio. Habla de un país que todavía no logra construir una política educativa de largo plazo; una política que escuche a sus maestros, proteja a sus estudiantes, respete los derechos laborales y entienda que educar no es administrar conflictos, sino construir futuro.
Porque la verdadera transformación educativa no se mide en discursos, reformas o mesas de negociación.
Se mide en la capacidad de un país para cuidar, al mismo tiempo, a quienes enseñan y a quienes aprenden.