La solidaridad entre naciones honra a los pueblos. Ayudar al que sufre, tender la mano en medio de una crisis y sostener una visión humanitaria de la política exterior son gestos que, en principio, ennoblecen a cualquier gobierno. Cuba atraviesa una situación compleja y dolorosa, y nadie con sensibilidad democrática podría celebrar el sufrimiento de su población. Pero una cosa es la solidaridad y otra, muy distinta, la confusión de prioridades. Cuando un país todavía carga sobre sus hombros profundas heridas sociales, la primera obligación ética de su gobierno no está fuera de sus fronteras, sino dentro de ellas.
México no es una nación que haya resuelto ya sus grandes pendientes como para darse el lujo político, moral y presupuestal de actuar como si estuviera en condiciones de rescatar a otros mientras en casa millones siguen esperando lo básico. Según CONEVAL, en 2024 la población en situación de pobreza fue de 29.6%; es decir, casi tres de cada diez personas en el país no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y, además, su ingreso no era suficiente para adquirir la canasta alimentaria, bienes y servicios necesarios. En términos absolutos, estamos hablando de alrededor de 38.5 millones de personas.
El dato puede leerse con optimismo comparativo frente a años anteriores, pero sería irresponsable usarlo como coartada triunfalista. Porque aun cuando algunos indicadores mejoraron, la magnitud del rezago nacional sigue siendo inmensa. En 2024, casi 24 millones de personas presentaban rezago educativo, es decir, no contaban con educación básica completa o se encontraban significativamente por debajo de lo esperado para su edad.
Más de 44 millones enfrentaban carencia por acceso a servicios de salud; casi la mitad de la población carecía de acceso a la seguridad social; el 14.4% de la población padecía carencia por alimentación nutritiva y de calidad. Además, 46 millones de personas tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza por ingresos, y 12.1 millones ni siquiera alcanzaban para cubrir la canasta alimentaria. Esos son los números de un país que no puede fingir que ya cumplió consigo mismo.
En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si el envío de ayuda humanitaria, alimentos o incluso la discusión sobre el suministro de petróleo a Cuba responde a una política exterior equilibrada o a una decisión que prioriza gestos simbólicos e ideológicos sobre la profundización de compromisos internos. En los últimos meses, el gobierno mexicano ha reiterado su disposición a mantener ayuda humanitaria a la isla, e incluso ha defendido públicamente su derecho a enviar combustible por razones humanitarias o comerciales. Al mismo tiempo, reportes periodísticos señalan que México ya ha enviado miles de toneladas de víveres a Cuba y ha explorado vías para reactivar el envío de petróleo.
La pregunta de fondo no es si Cuba merece ayuda. Toda población en crisis merece solidaridad. La pregunta verdadera es si el Estado mexicano puede justificar ante sus propios ciudadanos que, mientras millones de familias siguen batallando para llenar la despensa, pagar una consulta médica, sostener la escuela de sus hijos o simplemente vestirse con dignidad, su energía política y material se destine a aliviar carencias ajenas sin haber resuelto las propias. Esa es una discusión seria, legítima y profundamente democrática.
Porque gobernar también implica jerarquizar. Y jerarquizar significa reconocer que hay prioridades irrenunciables: la alimentación de la niñez mexicana, la permanencia escolar de los jóvenes, el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento de la seguridad social, el combate a la desigualdad territorial, el apoyo a quienes viven en pobreza laboral o en vulnerabilidad cotidiana. La política exterior puede ser generosa, sí, pero nunca a costa de la deuda social interna. Un gobierno responsable no ignora el dolor de otros pueblos; simplemente entiende que la solidaridad empieza por casa.
México necesita, hoy más que nunca, una visión de Estado que no se extravíe en gestos de alto simbolismo mientras persisten fracturas nacionales de enorme profundidad. No se trata de cerrar los ojos al mundo ni de negar la vocación internacional del país. Se trata de recordar algo elemental: un gobierno no fue elegido para administrar causas lejanas mientras sus propios ciudadanos esperan justicia básica.
Ayudar afuera puede ser noble. Pero atender primero a México no solo es sensato: es un deber. Y quizás ha llegado la hora de decirlo con serenidad, pero con toda claridad: ningún proyecto de nación será verdaderamente humanista mientras millones de mexicanos sigan viviendo con hambre, carencias y abandono. Primero México no es aislacionismo, sino un pacto con la realidad: si el Estado no cumple primero con sus propios ciudadanos, ninguna política exterior podrá compensar ese déficit de dignidad.