Mi amigo Marcos se pudo hacer de una casa en Barcelona porque estaba okupada y los dueños no lograron desalojar los invasores. Remataron la propiedad y él se encargó del procedimiento judicial para echarlos, que tardó un par de años. Cuando compramos la casa en la que hoy vivimos, Axelle, la vendedora de bienes raíces, nos comentó lo mucho que había crecido el fenómeno. Nos dijo que había personas que se iban de vacaciones y, al regresar, se encontraban con su casa okupada y las cerraduras cambiadas. Lo peor es que, según ella que ha oído de estas cosas, si uno deja su propiedad sola por el tiempo suficiente para que alguien llegue y se posesione, el okupa puede obligar al verdadero dueño a pagar el gas, la luz y el agua que el invasor está utilizando y la ley estará de su lado. No lo podía creer. Empecé a averiguar entre mis conocidos y todos avalaron la información aderezándola con historias de verdadero horror. Entonces me puse a investigar.
Este fenómeno comenzó en los años sesenta y setenta, como solución a la gran demanda generada por la llegada de pobladores del campo a las ciudades, pero cobró relevancia para la opinión pública hasta fines de los noventa, cuando se recrudecieron el desempleo, la precariedad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda. Al principio se presentó como una forma de vida alternativa y comunitaria. Había gente que okupaba viviendas, y colectivos que utilizaban los espacios para actividades como conciertos, charlas debates o reuniones. En 1998 se aprobó el nuevo Código Penal que sancionaba con penas de cárcel la okupación de inmuebles abandonados. Esto propició numerosos desalojos y una represión más dura que sin embargo no frenó las okupaciones.
Con la llegada del Internet, el movimiento okupa creó sus primeros foros y listas de comunicación en la red para compartir experiencias, ayudarse los unos a los otros y coordinarse. Aumentaron los contactos de carácter político entre okupaciones de distintas ciudades. Los procesos de desalojo se produjeron con más celeridad y represión, pero los juicios y condenas tardaban años.
En 2022 se aprobó una nueva Ley de okupas, según la cual si la denuncia se produce en un plazo de 48 horas y la casa es la primera vivienda del propietario, es decir, si el propietario se queda en la calle, las fuerzas de seguridad del Estado pueden desalojar a los okupas sin una orden judicial, pues la okupación se considera un delito flagrante de allanamiento de morada. En cambio, si no es la primera residencia, prevalece el principio de inviolabilidad. Mucha gente dice que esta ley no hace más que proteger y alentar la okupación, puesto que cualquier persona podría ocupar una propiedad, cambiar la cerradura y obligar a su propietario a concederle un contrato de alquiler social.
-Miren -nos dijo Axelle, nuestra vendedora de bienes raíces-, lo primero que tienen que hacer es instalar una alarma de seguridad antiokupas que avisará de inmediato a la policía y desde luego no dejen la propiedad sola demasiado tiempo.Ahora me da miedo salir de vacaciones.