Emilio Lozoya logro su cometido y evito la justicia en el caso Odebrecht. Una juez federal ha concedido una suspensión definitiva a favor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) que impide que la Procuraduría Federal de la República actúe penalmente hasta que Lozoya acceda a su expediente y se le garantice el derecho de defensa. El fallo de la magistrada se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que dicte una sentencia en el juicio de garantías de Lozoya, investigado por cohecho y enriquecimiento ilícito.
El exdirector de Pemex ha sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares para la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, según los testimonios de tres exdirectivos de Odebrecht a la Justicia brasileña (declaraciones juradas y firmadas). Santiago Nieto, el entonces fiscal especializado en delitos electorales, hizo público a mediados de octubre que Lozoya le había mandado una carta en la que exigía que le exoneraran y se le ofreciera una disculpa pública. Nieto no pudo comprobar la existencia de la misiva en la que lo presionaban, mientras que los abogados de Lozoya argumentaron que mandaron una solicitud para conocer los cargos que se le imputaban.
Nieto fue destituido pocos días después, lo que provocó un enfrentamiento descarnado entre la oposición y el Gobierno. Lozoya amagó en medio de la polémica con interponer dos demandas contra Nieto, una por violación de amparo y otra por ejercicio indebido del servicio público. La estrategia de la defensa de Lozoya fue reiterar que el exfuncionario no conocía por lo que se le investigaba y que las declaraciones de Nieto a la prensa eran una muestra de violaciones al debido proceso.
Mientras en el Senado, con la comanda constitucional de cementar o no la destitución del Fiscal Nieto, el PRI logró generar tanta discursiva que sin que la gente lo notara, llamó a puente por ser Día de Muertos y así, efectivamente dejó pasar el término constitucional (10 días naturales), solidificando la destitución de Nieto sin que se permitiera a los demás senadores y en sí, al pueblo en general, conocer su versión y hacer preguntas al respecto.
La PGR, que abrió la carpeta de investigación en agosto, no puede por ahora tramitar la orden de aprehensión ni iniciar un proceso judicial. “Ha concluido la investigación respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción que en América Latina y México se hayan visto”, dijo Raúl Cervantes, antes de renunciar a la PGR el pasado 16 de octubre, en lo que fue el remáte de otro escándalo: el pase automático del procurador general a una nueva Fiscalía nacional e independiente del poder Ejecutivo.
Lozoya, que dejó la dirección de Pemex en 2016, es indagado tanto por la fiscalía de derechos electorales como por la PGR en dos carpetas separadas de investigación. Ambas instancias continúan por el momento sin dirección y la continuidad de las pesquisas se encuentra en vilo. Está previsto que la indagatoria de la PGR, lista para llevarse a los tribunales en palabras del exprocurador, se congele tras el fallo a favor de Lozoya por al menos varios meses.
Dichos meses funcionarán a favor del PRI, tomando en cuenta las próximas elecciones, para poder respirar de los innumerables escándalos que ha tenido que enfrentar (llamémosle esconder) durante la administración de EPN.
Una vez más, mientras el ciudadano le hablaba a sus muertos, el gobierno volvió a apuñalar la Ley.