El próximo año, el 1 de julio de 2018, México va a celebrar la mayor elección de su historia: se votará por la presidencia, 128 senadores, 500 diputados federales y habrá comicios en 30 de los 32 estados de la República, dando un total de 3.326 cargos de elección popular a votacion.
Sin embargo, el pueblo mexicano llega a las elecciones con una salud débil, sitiado por el bajo crecimiento económico (apenas 1% per cápita anual desde hace 30 años), golpeado por el cáncer que es la corrupción y por una epidemia de violencia que cuesta al pueblo mexicano más de 20.000 vidas al año.
Ello se suma al ancestral problema de la desigualdad social—México es uno de los países más desiguales de América Latina, la región con más inequidad en el planeta— y su consecuente pobreza extrema, que afecta a 55 millones de connacionales, casi la mitad de la población.
En ese contexto se corre el riesgo, como alertó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la década pasada, que el descontento en la democracia se multiplique en descontento con la democracia. Así se constata en el más reciente informe del Latinobarómetro de 2016 que muestra que, en la región, México es el país con menor satisfacción con la democracia (solo 19%) y con alta propensión a renunciar a las libertades democráticas (46%) a cambio de tener Gobiernos con capacidad de resolver problemas, por lo que hay mayor demanda de orden (54%) que de libertad (39%).
Al igual, se alcanzan cuotas récord en la escasez de apoyo social a los grupos indispensables de la democracia representativa, como son los partidos, el congreso y los políticos. También se encuentra destrozada la credibilidad en la veracidad de las elecciones. Sin embargo, hay factores que son importantes: los niveles de participación ciudadana en las elecciones no disminuyen (participó más del 60% del electorado) y las votaciones están produciendo resultados que sólo elecciones democráticas pueden arrojar, como la alternancia en los gobiernos. Basta decir que desde 2015 se han realizado veinticuatro elecciones a gobernador en los estados y de ellas, en catorce (58%) han triunfado las oposiciones, de tal suerte que trabajar en el gobierno hoy no te asegura ventajas a la hora de refrendar el apoyo ciudadano en las urnas.
Otro dato significativo es que en México son los ciudadanos de a pie quienes se hacen cargo directamente de las elecciones el día de la jornada electoral y que esa disposición cívica no se pierde. Por cada 750 electores se instala una casilla integrada por ciudadanos seleccionados al azar en cada sección electoral y capacitados por el INE para ese fin. En las elecciones locales del pasado 4 de junio en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz se instalaron 34,075 casillas de votación, el 100% de las previstas y para 2018 se estima que se instalarán 156 mil mesas, con la participación de un millón 400 mil ciudadanos para permitir que voten más de 87 millones de ciudadanos convocados a las urnas.
Como se ve, la disyuntiva económica, social y política de México cuestiona la capacidad del sistema democrático para ofrecer horizontes más promisorios. Pero no hay atajos. México solo dispone de sus activos democráticos para novar de forma pacífica los poderes públicos y, así, proponerse avanzar hacia un escenario donde se atienda el profundo déficit de la equidad social sin sacrificar el preciado bien de la libertad.