Columna: Alejandro Serrano
El Senado de la Republica recibió el lunes 25 de abril una iniciativa de la Cámara de Diputados, para regular el uso medicinal o terapéutico de la marihuana.
Esta iniciativa también enaltece la esperanza de pronto contar con un marco regulatorio en el cual los ciudadanos podrán tanto consumir, como producir su propia marihuana, eliminando así la política prohibicionista y sancionadora que llevó a nuestro país a vivir en carne propia la brutalidad de la guerra contra la droga y la descomposición de nuestro tejido social.
Además del uso terapéutico, medicinal y con propósitos de investigación científica, también contiene la posibilidad de la producción de medicamentos y suplementos alimenticios elaborados mediante la “cannabis indica”, una de las tres cepas de la marihuana.
Enrique Peña Nieto anunció en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas en Nueva York (UNGASS), un cambio al marco regulatorio para despenalizar la posesión del enervante.
El mandatario propuso que “no se considerará delito la posesión de hasta 28 gramos de marihuana, de acuerdo con estándares internacionales”.
El aumento de la cantidad autorizada “permitirá que queden en libertad personas que se encuentran en prisión por haber portado cantidades menores a 28 gramos de marihuana”, dijo el Presidente.
Esto es particularmente importante ya que en 2014, la población penitenciaria mexicana alcanzaba los 242,754 internos de los cuales, 33.5% de los reos está sentenciada por posesión, venta al menudeo o consumo de la planta.
Tratar a los consumidores de drogas como delincuentes refleja una incongruencia en nuestro sistema que invierte cada vez más en la militarización de nuestra policía para perseguir al usuario de drogas. Con ello, la sociedad le arrebata su libertad y le inserta en prisiones que refuerzan, potencializan e incluso estimulan el desarrollo de las mismas conductas delictivas que intenta corregir.
Además, paradójicamente, estas prisiones son espacios en donde los exponen a una mayor probabilidad de consumo de drogas que la población en general, y contrariamente, no buscan tratar este fenómeno de las drogas como uno de salud e invertir en beneficio de la toda la sociedad a través de la educación, la prevención o programas de reducción de riesgos.
El debate actual en torno a la política de drogas demanda argumentos e información basada en evidencia empírica, libre de dogmas y moralidades influenciadas por intereses personales para lograr desarrollar políticas que realmente respondan a las necesidades de la sociedad, lo cual incluye tanto a los usuarios como a los no usuarios de drogas.
Necesitamos llegar a términos con la realidad, hemos perdido la guerra contra las drogas a costa de cientos de miles de vidas, pero, debemos evolucionar, ver hacia el futuro, aprender del pasado, agradecer por los sacrificios vertidos y prepararnos, porque la batalla por el alma de la nación, está apenas por comenzar.
¿Un churrito?