La discusión sobre la crisis de desapariciones en México escaló al terreno internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU planteara que la situación del país sea examinada por la Asamblea General. La reacción del Senado mexicano y de autoridades federales no se hizo esperar: ambos cuestionaron con dureza el contenido del pronunciamiento y pusieron en duda su objetividad.
Desde la Cámara Alta, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que el documento del comité adolece de precisión y podría ser utilizado con fines ajenos a la cooperación internacional. También subrayó que el propio organismo reconoció no haber encontrado elementos para afirmar la existencia de una política de Estado orientada a la desaparición forzada, por lo que consideró contradictorio que ahora pretenda escalar el caso al máximo foro deliberativo de Naciones Unidas.
La senadora también reprochó que el reporte no incorporara información oficial reciente ni los avances que, según el gobierno mexicano, se han presentado en los últimos meses para atender este problema. En su lectura, un análisis incompleto corre el riesgo de distorsionar la situación del país en el ámbito internacional.
A estas críticas se sumó Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien calificó el posicionamiento del comité como inadmisible, parcial e intrusivo. El legislador cuestionó además la congruencia del organismo internacional al pronunciarse sobre México mientras, a su juicio, mantiene una respuesta insuficiente frente a otras tragedias globales.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la valoración del comité al argumentar que no refleja con fidelidad el panorama actual del país. La dependencia afirmó que el texto carece de sustento jurídico suficiente y deja fuera acciones institucionales recientes, incluidas reformas y medidas impulsadas desde 2025 para enfrentar este delito.
Por su parte, el comité de la ONU informó el 2 de abril de 2026 que solicitó a la Asamblea General considerar la situación de las desapariciones forzadas en México, con el objetivo de que se valoren medidas de seguimiento, apoyo y prevención.
Así, la s posturas quedaron planteadas en dos planos: mientras el organismo internacional insiste en mantener bajo observación el caso mexicano, el Senado y el gobierno federal sostienen que el informe presenta omisiones, conclusiones discutibles y un enfoque que no corresponde del todo con la información oficial disponible.