La noche del 1 de noviembre de 2025, la música, las flores y las velas del Día de Muertos fueron interrumpidas por el sonido de las balas. En el corazón de Uruapan, Michoacán, fue asesinado Carlos Manzo, alcalde independiente y exdiputado federal por Morena. Tenía 40 años y había sido el primer presidente municipal electo sin partido en la historia del municipio.
El ataque ocurrió durante un festival público. Manzo recibió múltiples impactos de bala y murió horas después en un hospital. Las autoridades reportaron la muerte de un presunto agresor y la detención de dos personas más. El hecho estremeció al país y volvió a colocar a Michoacán como un espejo de la violencia que atraviesa México: un Estado donde los líderes que se enfrentan al crimen, muchas veces, pagan con su vida.
Carlos Manzo no era un político cualquiera. Con una trayectoria breve pero intensa, había ganado respeto por su independencia y su decisión de denunciar públicamente la inseguridad que asfixia a Uruapan. En distintas entrevistas pidió apoyo al gobierno federal ante la expansión de los grupos criminales y la falta de coordinación entre autoridades locales y federales. “No se puede gobernar con miedo, pero tampoco se puede gobernar solo”, dijo semanas antes de su asesinato. Sus palabras hoy suenan como epitafio.
El suyo fue un gobierno ciudadano, incómodo para las estructuras tradicionales del poder. Su muerte no sólo deja un vacío político, sino una herida moral que desangra la credibilidad de las instituciones.
Tres días después del atentado, el 4 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un intento de respuesta ante la indignación que desató el asesinato del alcalde. La mandataria reconoció el dolor por lo ocurrido y afirmó que su gobierno “actuará con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente”. El plan se basa en tres ejes: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; y Educación y Cultura para la Paz.
El primer eje incluye el fortalecimiento de las fuerzas federales con unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía estatal, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, la instalación de una Oficina de la Presidencia en municipios estratégicos, mesas de seguridad quincenales y un sistema de alerta para presidentes municipales. En el segundo, se prevé garantizar seguridad social y salarios dignos a los jornaleros agrícolas, invertir en infraestructura rural y generar polos de desarrollo económico. El tercero, enfocado en la educación y la cultura, busca fomentar una cultura de paz mediante escuelas, centros de memoria, festivales, becas y programas deportivos y artísticos.
Sheinbaum afirmó que: “…la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida”. Pero su discurso, más conciliador que firme, contrastó con su reacción inicial, cuando responsabilizó al expresidente Felipe Calderón del clima de violencia que hoy se vive en el país. Tal declaración, lejos de aportar serenidad, reavivó la división política en un momento en que el país necesitaba liderazgo, empatía y resultados.
No es tiempo de buscar culpables, sino de buscar soluciones. México no necesita más discursos que giren sobre el pasado, sino acciones profesionales y humanas que atiendan de fondo los problemas que carcomen al país: la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la salud, la impunidad. Cada asesinato, cada crimen sin justicia, no sólo le arrebata la vida a una persona, sino que erosiona la confianza ciudadana en el Estado.
En los días posteriores al crimen, miles de ciudadanos marcharon en silencio en Uruapan, Morelia y otros municipios. Llevaban flores, velas y pancartas con mensajes que retratan el hartazgo colectivo: “Carlos Manzo no murió, lo mató la impunidad”, “Gobernar sin miedo, vivir sin miedo”, “La paz no se decreta, se garantiza”. El asesinato desató una ola de indignación que superó las fronteras partidistas. Los habitantes no solo lloran a un alcalde, sino la promesa incumplida de vivir sin miedo.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ofrece una hoja de ruta ambiciosa, pero enfrenta un desafío monumental: convertir el discurso en resultados. Mientras las balas sigan marcando el ritmo de la vida pública, la paz seguirá siendo una promesa pospuesta.
Carlos Manzo soñó con un municipio gobernado por ciudadanos libres. Su asesinato recuerda a México que la verdadera justicia no se escribe en comunicados de prensa ni en conferencias matutinas, sino en la voluntad de impedir que la muerte siga siendo el precio de gobernar.