Hace unos días platicaba con un abogado con experiencia en el Poder Judicial de Bolivia, que me informaba que las selecciones judiciales en su país es un sistema que se implementó en la Constitución del 2009. Este colega y amigo me informaba también que los juzgadores que son elegidos vía votación popular únicamente son aquellos que ostentan un alto cargo dentro del poder judicial, no así los juzgadores que en México conocemos como del fuero común.
Los motivos que en Bolivia originaron las elecciones judiciales son los parecidos que argumenta el Poder Ejecutivo mexicano: que el pueblo tiene derecho a elegir a sus juzgadores. Pero este amigo nunca me refirió que uno de los motivos de la elección judicial sea la extinción de privilegios de la élites judiciales. Este último motivo, en realidad, es el único que justifica la reforma que pretende el Ejecutivo en México. No hay otro más que justifique la desaparición de uno de los poderes de la Unión para crear uno nuevo, según la expectativa del actual presidente.
La mayoría de la población mexicana desconoce cómo funciona el Poder Judicial en México. Muchas injusticias, que desgraciadamente existen, no se cometen por actos u omisiones de los jueces, sino por errores y omisiones de las autoridades encargadas de pedir justicia, como las fiscalías, que tradicionalmente siempre han dependido del Poder Ejecutivo. Hay muchos tribunales que también dependen del Ejecutivo y que requieren ser fortalecidos para administrar justicia en favor del pueblo. Esta situación no se hace del conocimiento de los mexicanos.
Se han abierto muchos debates y mesas de análisis para analizar a fondo esta propuesta sin pies, ni cabeza. La mayoría de esos debates concluyen en que esa reforma NADA aportará para mejorar la administración de justicia, ni mucho menos se ataca de fondo la inseguridad, ni la prevención y la erradicación de los delitos más comunes en México.
La naturaleza política de esta reforma “jurídica” en su pecado lleva la penitencia: recordando nuevamente la plática con el jurista boliviano, el principal inconveniente de las elecciones judiciales es que el partido en el poder ha metido las manos en el proceso electoral desde el pasado 2009. Según mi amigo, se ha documentado cómo funcionarios del partido en el poder o del gobierno han influenciado para elegir o revocar a cual o tal juzgador, según los intereses políticos en turno.
En México aún no se aprueba la reforma, y juzgadores federales, con nombres y apellidos, han señalado el “modus operandi” de un ministro en retiro para influenciar las resoluciones de los jueces federales en favor de los proyectos y reformas del actual presidente mexicano. En México existe la legislación y los mecanismos para reformar (no desaparecer) al Poder Judicial. Este debe cambiar en favor de la administración de justicia, lo que significa que las autoridades, principalmente el Poder Ejecutivo, deben sujetarse a la legislación que existe para ese fin, desde la Constitución hasta las legislaciones orgánicas. Ese es el camino.