La incorporación de la Autocracia en el Sistema Jurídico Mexicano

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francisco rodriguez

Luego que se dio a conocer que varios jueces de distrito con residencia en Mèrida, Yucatàn han decretado suspensiones para evitar los trabajos del tramo cinco del Tren Maya, el gobierno federal se ha pronunciado de diversas maneras contra esas resoluciones argumentando que la medida provisional que se concede dentro de los juicios de amparo promovidos contra esa obra constituye un impedimento para finalizar una obra de interés general.

Con esos antecedentes, un diputado de Morena presentó una iniciativa de ley para superar el “obstáculo” que, segùn ese partido polìtico, les impide terminar la construcciòn del tramo cinco del Tren Maya.

La iniciativa pretende negar la suspensión del acto reclamado cuando éste derive, o se haga consistir en ordenamientos que regulen áreas estratégicas de la economía nacional, bienes del dominio directo de la nación y planeación nacional del desarrollo.

No es la primera vez que se pretende reformar la Ley de Amparo para limitar los efectos de la suspensiòn del acto reclamado o, en su caso, evitar el inicio de juicios en aquellos casos que el oficialismo interprete que este medio de defensa de los derechos humanos obstaculice sus actos de gobierno.

Una de las condiciones necesarias para mantener la vigencia del estado de Derecho y el ejercicio efectivo de la democracia en México, es el respeto a la legalidad por parte de los ciudadanos y el gobierno. En caso de que se vulnere el orden, el Derecho y su aplicaciòn por los juzgadores son el medio para restablecer el equilibrio entre los ciudadanos y las autoridades, de modo que la aplicaciòn efectiva de la ley de ninguna manera puede ser contraria al interés general, si no todo lo contrario.

El hecho de que el gobierno se abstenga de cumplir la Ley de Amparo y pretenda “sacarle la vuelta” reformàndola de acuerdo a su “muy particular” nociòn de legalidad y democracia, ademàs de su falta de respeto por ese ordenamiento, deja en evidencia su deseo de romper el equilibrio entre poderes dàndole preeminencia al Poder Ejecutivo y su interès general.

Aunque la iniciativa de ley debe someterse al procedimiento respectivo para su trámite, existe el peligro de institucionalizar la autocracia por medio de las iniciativas de ley de los legisladores del partido oficial y los “singulares decretos” del Ejecutivo Federal.

Esta nueva iniciativa, sin duda, es un intento de limitar la independencia y el criterio de los juzgadores federales negàndoles la facultad de conceder suspensiones en los supuestos con los que se pretende adicionar el artìculo 128 de la Ley de Amparo, aùn en el caso de que el acto de autoridad que se ataque vulnere derechos del solicitante de amparo.

Este tipo de estrategias (argucias) dejan en entredicho la democracia mexicana cuya garantía es la Ley y sus instituciones. La práctica de acomodar la Ley debe ser erradicada

por todas las autoridades mexicanas al amparo de su aplicación sin distinción, ni “reforma” extraña a nuestra tradición jurìdica.