Once Compromisos Contra la Corrupción

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Causa en Común, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y Transparencia Mexicana (TM) retoman la iniciativa “11 compromisos contra la Corrupción” iniciada en 2017, en la que convocan a los candidatos a gobernador de las 9 entidades con elección en este 2018.

Es así como los aspirantes al gobierno en los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México, serán convocados a comprometerse con realizar 11 Acciones de Política Pública para enfrentar la Corrupción, en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio.

En el ejercicio del año electoral anterior (2017), esta iniciativa se aplicó con los candidatos a Gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit, se obtuvo una propuesta positiva por parte de 19 del total de 21 candidatos a los que se les invitó a firmar su compromiso contra la corrupción.

Hoy Coahuila, Estado de México y Nayarit respectivamente cuentan con un seguimiento de sus compromisos a los que se comprometieron con la sociedad civil.

Los 11 Compromisos Contra la corrupción de los candidatos a Gobernador se da en el contexto de la lucha frontal que los mexicanos en todo el país llevamos contra dos de los problemas más graves que vivimos: la Corrupción y la Impunidad.

Por ello para la sociedad civil es muy importante construir sistemas sólidos y mecanismos anticorrupción desde la base de los estados. Los 11 compromisos propuestos son elementos muy concretos, objetivos, aplicables y alcanzables. Se trata de acciones concretas en materia de rendición de cuentas y ayudan a prevenir y combatir la corrupción en los estados.

Informamos a toda la sociedad, y particularmente a los electores de cada uno de estos estados, para que, antes de emitir su voto, analicen quiénes sí se comprometieron y quiénes no con estos 11 Compromisos en Contra de la Corrupción.

11 compromisos de política pública para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país.

  1. Un gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos.
  2. Las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) deben ser públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.
  3. Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos.
  4. Un gabinete que voluntariamente publique la “3de3” en la plataforma de IMCO y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA).
  5. Un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.
  6. Un gobierno con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.
  7. Un gobierno que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
  8. Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.
  9. Un gobierno que compra a través de Compranet como lo establece la PND-SNA.
  10. Un gobierno que reduce el número de pagos en efectivo.
  11. Un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no pone trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.