De acuerdo con la fracción IV del artículo 31 Constitucional, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De este enunciado nos surgen de inmediato dos cuestionamientos: ¿Realmente todos los mexicanos contribuimos? y ¿Nuestros impuestos efectivamente se destinan al gasto público?
Es claro que no todos pagamos impuestos, especialmente aquellos que están en la informalidad, sector que representa más de la mitad de la población económicamente activa, mientras que los contribuyentes cautivos cumplimos con el compromiso de pagar religiosamente nuestros tributos, ya que a pesar de que la base de causantes no ha crecido de manera significativa en los últimos años, la recaudación sí ha registrado incrementos importantes, principalmente a partir de la reforma fiscal de 2014. Tenemos entonces que el gobierno no ha cumplido con una de sus responsabilidades primordiales, que es la de combatir frontalmente la economía informal, que además en muchos casos también es una economía delincuencial, porque en ella se comercializa y trafica con mercancía pirata, prohibida o robada. De igual forma, los trámites excesivos y la corrupción empujan a muchos micro y pequeños empresarios a pasarse a las filas de la informalidad, sin que se haga nada serio al respecto. Pero sin duda el punto más crítico de la ecuación hacendaria en nuestro país, lo encontramos en el manejo del gasto público, porque cada día es más evidente su desvío y despilfarro a cargo de nuestra insaciable clase política, ya sea desde el gobierno federal, los gobiernos estatales o municipales, los partidos políticos y los denominados organismos autónomos como el INE, la CNDH y otros elefantes blancos de naturaleza similar; vaya, hasta las Universidades públicas se han prestado como instrumento de la corrupción. Todos los días nos desayunamos con una noticia relacionada con la malversación y el desvío de recursos, y definitivamente frente a la corrupción rampante y al manejo ineficiente del gasto no hay ingresos que alcancen, por lo que la pretensión de nuestras autoridades hacendarias por incrementar la recaudación carece de toda legitimidad social. Mientras nuestros impuestos vayan a parar a los bolsillos de nuestra clase política, cada vez será más difícil digerir nuestra obligación constitucional de contribuir para la Hacienda Pública.