La administración federal prevé aplicar estímulos fiscales al IEPS y acordar con distribuidores un tope al precio de la gasolina ante la volatilidad del petróleo
Ante el incremento en los precios internacionales del petróleo provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno de México anunció que recurrirá nuevamente a mecanismos fiscales y acuerdos con distribuidores para evitar un aumento significativo en el precio de los combustibles en el país.
El repunte del crudo se intensificó el domingo 8 de marzo, cuando el precio internacional superó los 110 dólares por barril. La tensión en la región, marcada por el cierre prolongado del estrecho de Ormuz y una reducción en la producción de algunos países del Golfo Pérsico, ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y presiones en las principales bolsas financieras del mundo.
Durante su conferencia matutina del lunes 9 de marzo, realizada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su administración retomará el esquema aplicado en 2022 para amortiguar el impacto del aumento internacional en los combustibles.
La estrategia contempla la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo que permite reducir temporalmente la carga tributaria sobre las gasolinas cuando los precios internacionales del petróleo registran incrementos significativos.
“Existe un mecanismo que permite disminuir el IEPS para evitar que suba el precio de la gasolina en el país. Es un esquema que se utilizó en 2022, cuando se registraron aumentos por la guerra en Ucrania, y que en caso necesario volveremos a aplicar”, explicó la mandataria.
Durante aquel periodo, el estímulo fiscal llegó a cubrir hasta el 100 % del impuesto, lo que significó que el gobierno dejó de recaudar ese gravamen de manera temporal para evitar que el aumento internacional se trasladara directamente al consumidor.
Actualmente, los precios del crudo han vuelto a niveles que no se observaban desde mediados de 2022. El barril de referencia Brent alcanzó los 103.54 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) llegó a cotizarse en 107.35 dólares, reflejando la presión que el conflicto geopolítico ejerce sobre el mercado energético mundial.
Además del estímulo fiscal, el Gobierno federal prevé firmar nuevamente un acuerdo con distribuidores para establecer un límite en el precio de venta al público de la gasolina Magna.
Según explicó la presidenta, el objetivo es mantener el precio del litro por debajo de los 24 pesos, una medida similar a la aplicada el año pasado y que tuvo una duración aproximada de seis meses.
El propósito de este acuerdo es reducir el impacto que las fluctuaciones del petróleo pueden tener en la economía nacional, particularmente en un contexto donde el precio de los energéticos suele influir en el comportamiento de la inflación.
La situación internacional continúa generando incertidumbre. Las tensiones en zonas estratégicas del transporte de hidrocarburos, como el estrecho de Ormuz, han llevado a varios países a considerar medidas extraordinarias para garantizar el suministro.
De acuerdo con reportes internacionales, naciones como Japón y Corea del Sur analizan la posibilidad de utilizar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, mientras que los ministros de Finanzas del G7 estudian la eventual liberación de hasta 400 millones de barriles de crudo con el fin de estabilizar los precios globales.
En el caso de México, la estrategia gubernamental también busca preservar la estabilidad económica interna. La presidenta adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con la Secretaría de Hacienda para evaluar el impacto fiscal de las medidas y asegurar su viabilidad presupuestaria.
Otro indicador que el gobierno sigue de cerca es el comportamiento del tipo de cambio. De acuerdo con la mandataria, el peso mexicano ha mostrado señales de estabilidad frente al dólar, situándose alrededor de los 17.70 pesos, tras acercarse brevemente a la barrera de los 18 pesos por dólar en días recientes.
En un entorno internacional marcado por la volatilidad energética, la administración federal apuesta por una combinación de estímulos fiscales y acuerdos con el sector privado para amortiguar los efectos del encarecimiento del petróleo en la economía nacional.