El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicia 2026 con un paquete de reformas ambiciosas, derivadas de la Ley de Ingresos de la Federación y modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), diseñadas para elevar la recaudación en un 12-15% sin introducir nuevos impuestos generales como ISR o IVA. Estas, enmarcadas en el Plan Maestro 2026, prometen modernizar la fiscalización mediante inteligencia artificial y unificar criterios de auditoría a nivel de medidas nacionales, priorizando la erradicación de facturas falsas y operaciones simuladas. Sin embargo, aunque alineadas con los estándares de la OCDE, amplían significativamente las facultades discrecionales del SAT, generando tensiones con principios constitucionales de debido proceso y legalidad estricta (arts. 14 y 16 CPEUM), lo que podría derivar en litigios masivos si su aplicación no es meticulosa.
En el núcleo de estas reformas está la fiscalización inteligente, que reduce las auditorías presenciales en favor de algoritmos de IA capaces de detectar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) sin “materialidad real” —es decir, sin respaldo en transacciones genuinas. Las visitas domiciliarias, ahora limitadas a 24 días, permiten suspensiones inmediatas de sellos digitales bajo el art. 42 del CFF, paralizando la facturación de empresas sospechosas de evasión. Legalmente, esto es permisible siempre que se motive adecuadamente y se ofrezcan alternativas como fianzas o garantías (art. 55 CFF), pero en la práctica, esta suspensión operativa equivale a una “muerte temporal” para PYMES y comercios digitales, especialmente ante el nuevo acceso en tiempo real del SAT a plataformas como Amazon o Mercado Libre. La negativa a compartir datos presume irregularidades, cruzando gastos declarados con ingresos reales en revisión retroactivas de hasta cinco años, lo que cuestiona el equilibrio entre eficiencia recaudatoria y privacidad de datos.
Otro pilar controvertido es la cancelación automática de sellos digitales por emisión o recepción de facturas falsas, listadas públicamente en el portal del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Las empresas identificadas como “factureras” quedan inhabilitadas indefinidamente, mientras sus clientes deben autocorregir declaraciones en 30 días o enfrentar presunción de complicidad, con penas de dos a nueve años de prisión (art. 109 CFF). Aunque el SAT insiste en que solo afecta evasores, los críticos señalan un riesgo de falsos positivos por errores algorítmicos, particularmente en sectores como IMMEX o grandes conglomerados con deudas históricas, donde podría configurarse doble tributación en IVA. La eliminación de inmuebles y maquinaria como garantías principales (art. 22 CFF reformado) agrava esto: ahora se prioriza el efectivo depositado en el Banco del Bienestar o cartas de crédito bancarias, soportando la defensa judicial y acelerando devoluciones en un 40%, pero castigando severamente la liquidez de contribuyentes solventes.
Los ajustes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) son irreversibles y focalizados: bebidas azucaradas suben de 1.60 a 3.00 pesos por litro, tabaco alcanza el 200% de gravamen, y casinos con apuestas se enfrentan a un 40% adicional. Las plataformas digitales, por su parte, deben reportar transacciones automáticamente (art. 76-C CFF), integrando el comercio electrónico al radar fiscal. El Buzón Tributario se vuelve el único canal de notificaciones desde enero, con multas de hasta 122 mil pesos por no habilitarlo o actualizarlo antes del 31 de diciembre de 2025 (art. 83 CFF); la presunción legal de notificada a los cinco días acelera procesos, pero deja poco margen para descuidos administrativos.
Objetivamente, estas reformas fortalecen la capacidad recaudatoria del Estado en un contexto de déficits presupuestales, sin recargar al contribuyente promedio y alineándose con metas de formalidad económica. El SAT niega cualquier “terrorismo fiscal”, enfatizando consecuencias solo para evasores y garantías procesales como amparos y audiencias. No obstante, la profundidad de su discrecionalidad —suspensiones sin sentencia firme, determinaciones presuntivas en entidades como CDMX que ignoran pagos federales, y vigilancia digital sin control judicial previo— plantea riesgos sistémicos de abuso. En un país donde la confianza en instituciones fiscales es frágil, estas medidas podrían incentivar el cumplimiento proactivo vía software CFDI 4.0 y revisión internas anuales, pero también avivar litigios ante la Suprema Corte de Justicia, especialmente si se documentan aplicaciones arbitrarias.
Para contribuyentes, la estrategia es clara: priorizar el cumplimiento digital, aliarse con el IMCP para litigios colectivos y documentar exhaustivamente operaciones reales con contratos, trazabilidad bancaria y existencias físicas. El 2026 no será un año de indulgencia fiscal, pero tampoco de arbitrariedad absoluta si se respeta el marco legal. La verdadera prueba estará en la ejecución: eficiencia recaudatoria sin sacrificar derechos fundamentales.