Escribo estas líneas desde la convicción de que el debate sobre filantropía y sostenibilidad ya no es teórico. Es profundamente práctico. Quienes dirigimos empresas sabemos que hoy se nos exige algo más que generar beneficios: se nos pide aportar soluciones, anticipar riesgos y ejercer un liderazgo responsable en sociedades cada vez más complejas. La pregunta no es si la empresa debe implicarse en la filantropía, sino cómo hacerlo sin invadir el terreno del Estado ni caer en el oportunismo reputacional.
Durante años, la filantropía empresarial se entendió como un gesto accesorio. Hoy es parte de la estrategia. Desde mi experiencia, cuando una empresa alinea su acción social con su conocimiento, su escala y su propósito, el impacto se multiplica. En Perú a través de la Fundación SM conseguimos acercar la educación hacia realidades sociales de bajos recursos, utilizando algo tan sencillo como un libro o crear bibliotecas.
En España, la Fundación “la Caixa” demuestra que la iniciativa privada puede sostener en el tiempo programas sociales, científicos y educativos con una profesionalización equiparable a la de cualquier gran organización pública.
Otro ejemplo relevante es Inditex, cuya apuesta por la sostenibilidad en la cadena de suministro y por proyectos sociales en comunidades productoras muestra que la filantropía no siempre adopta la forma de una donación, sino de decisiones empresariales que generan valor compartido. Según coinciden fuentes del sector financiero, este tipo de enfoques son los que el mercado empieza a premiar.
En México, compañías como Grupo Bimbo han integrado la sostenibilidad y la acción social en su ADN corporativo. Su inversión en energías renovables, nutrición y apoyo a comunidades locales no responde solo a una lógica altruista, sino a una visión de largo plazo del negocio. También América Móvil, a través de fundaciones vinculadas a educación y salud, ilustra cómo las grandes corporaciones latinoamericanas están asumiendo un rol activo en el desarrollo social.
Desde la dirección de una empresa, la sostenibilidad ha dejado de ser un relato aspiracional para convertirse en un factor de riesgo y de competitividad. Iberdrola entendió antes que muchos que la transición energética no era solo una obligación moral, sino una oportunidad de crecimiento. Hoy, su posicionamiento en renovables es una ventaja estructural. En México, empresas industriales y de consumo que han apostado por eficiencia energética, reducción de residuos y economía circular están viendo retornos claros en costes, acceso a financiación y reputación. Según gestores de inversión consultados, la sostenibilidad ya influye de forma directa en el coste del capital.
Desde una perspectiva empresarial, la filantropía bien entendida ofrece tres beneficios claros:
1.- refuerza la legitimidad social de la empresa.
2.- permite innovar en soluciones que luego pueden escalarse.
3.- fortalece la cultura interna y el compromiso del talento.
No es casual que las empresas con programas sociales sólidos presenten mejores indicadores de atracción y retención de profesionales. Como señalan fuentes de recursos humanos, las nuevas generaciones no separan desempeño económico y propósito.
El paralelismo con el mecenas renacentista es inevitable. Aquellos empresarios-financieros impulsaron el arte, la ciencia y el desarrollo urbano, pero también consolidaron poder e influencia. La filantropía nunca ha sido neutral. La diferencia es que hoy la empresa opera bajo un escrutinio público constante.
Como directivo que tiene una mirada macroeconómica, resulta imposible ignorar una realidad incómoda: el Estado no siempre llega donde promete llegar. Limitaciones presupuestarias, rigideces administrativas y ciclos políticos cortoplacistas han reducido su capacidad para anticiparse a problemas estructurales como la desigualdad, la reconversión laboral o la transición energética.
No es una cuestión ideológica, sino de eficiencia. Cuando el sector público falla o llega tarde, el coste social no desaparece: se traslada. Y ese coste acaba afectando al crecimiento, a la estabilidad y, en última instancia, al propio mercado. Pretender que la empresa permanezca neutral ante este escenario es desconocer cómo funciona una economía moderna.
La filantropía empresarial no debe sustituir al Estado, pero tampoco puede quedar subordinada a su inacción. Cuando la iniciativa privada actúa, a menudo lo hace con mayor rapidez, con métricas claras y con incentivos alineados al largo plazo. En muchos casos, es precisamente la presión y el ejemplo del sector empresarial lo que termina empujando al Estado a reaccionar.
Aquí emerge el punto de fricción: exigir a las empresas que asuman responsabilidades sociales crecientes mientras se las somete a marcos regulatorios lentos, poco flexibles o desconectados de la realidad económica es una contradicción que empieza a ser insostenible. Desde una perspectiva económica, no se puede penalizar a quien invierte, innova y asume riesgos y, al mismo tiempo, reclamarle que cubra vacíos estructurales del sector público.
En el debate público aparece con frecuencia una acusación directa: la filantropía empresarial como forma encubierta de evasión fiscal. Es una percepción extendida, especialmente en contextos de alta presión impositiva y desconfianza hacia las élites económicas. Sin embargo, conviene separar el juicio político del análisis económico.
Desde un punto de vista estrictamente legal, la filantropía no es evasión fiscal. Las deducciones asociadas a donaciones están previstas por el propio Estado como un incentivo para canalizar recursos privados hacia fines de interés general. Además, desde una lógica económica, donar nunca es neutral para la empresa: ninguna deducción compensa íntegramente el desembolso realizado.
La sospecha surge por otros motivos. Primero, porque la filantropía desplaza poder de decisión: no es el Parlamento quien asigna esos recursos, sino una empresa o su fundación. Segundo, porque cuando convive con estrategias de optimización fiscal agresiva o con una comunicación excesivamente triunfalista, la donación se percibe como coartada moral.
Ahora bien, es importante explicitar una idea que a menudo se pierde en el debate: un empresario que no hace filantropía no es un mal empresario. Cumplir con la ley, pagar impuestos, generar empleo estable, invertir y crear valor ya constituye una contribución esencial al bienestar colectivo. La filantropía no es una obligación moral ni un requisito para la legitimidad empresarial.
El problema aparece cuando se pretende que la filantropía sustituya al cumplimiento fiscal o cuando se exige a la empresa cubrir carencias estructurales del Estado sin reconocer su aportación básica vía impuestos. Desde una mirada económica, confundir responsabilidad social con deber fiscal es un error conceptual. La filantropía aporta valor cuando es voluntaria, transparente y complementaria. Cuando se convierte en obligación implícita o en arma arrojadiza, pierde sentido y eficacia.
La conclusión es incómoda, pero necesaria. Si el Estado quiere seguir siendo el actor central del bienestar, debe modernizarse al ritmo que exige la economía. Si no lo hace, las empresas no solo intervendrán: liderarán. No por altruismo, sino por racionalidad económica.Porque en el capitalismo contemporáneo, la filantropía ya no es solo una cuestión moral. Es una respuesta a la ineficiencia pública, una herramienta de estabilidad social y, para muchas empresas, una condición imprescindible para operar en mercados donde el Estado ha dejado de ser el único garante del interés general.