La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde 2025 se presenta como una apuesta por la austeridad, la simplificación institucional y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Entre sus ejes centrales se encuentran la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales, la reducción del financiamiento público a partidos políticos y la eventual extinción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), con la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional Electoral.
Más allá del debate político que naturalmente genera, la iniciativa plantea una pregunta legítima desde la óptica de la política pública: ¿el ahorro proyectado tiene un impacto estructural en las finanzas públicas y en los sectores prioritarios del país?
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el ahorro anual derivado de la eliminación de las diputaciones plurinominales y del recorte al financiamiento partidista oscilaría entre 15,000 y 20,000 millones de pesos. En un país con presiones fiscales constantes, cualquier cifra que sume al erario es relevante. Sin embargo, al contrastarse con el Paquete Económico 2026, que asciende a 10.11 billones de pesos, dicho ahorro representa apenas el 0.19% del presupuesto federal total.
El contraste se vuelve más claro al observar el destino del gasto público. El sector salud contará en 2026 con aproximadamente 996 mil millones de pesos, pero especialistas de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) han advertido que el gasto per cápita sigue siendo insuficiente para enfrentar la transición epidemiológica del país. Particularmente preocupante es el rezago en salud mental, rubro que presenta recortes significativos y que continúa sin consolidarse como prioridad presupuestal.
De forma paralela, organismos como la OCDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han señalado de manera reiterada que los desafíos estructurales de México —educación, salud, productividad y Estado de derecho— requieren reformas fiscales profundas y sostenidas, más que ajustes marginales al gasto político.
Desde el ámbito jurídico, diversos constitucionalistas han expresado preocupaciones sobre los efectos de la reforma en la representación política. La posible eliminación de la representación proporcional plantea interrogantes en torno a los Artículos 41 y 116 de la Constitución, cuyo espíritu busca garantizar la inclusión de las minorías en el sistema democrático. El riesgo no radica únicamente en la reducción de costos, sino en la eventual subrepresentación de un mosaico político que históricamente ha dado estabilidad al Congreso mexicano.
Uno de los puntos más sensibles, y quizá menos discutidos en la narrativa pública, es la propuesta de extinguir los OPLES y concentrar todas sus atribuciones en el INE. Bajo el argumento de eliminar duplicidades administrativas, se proyecta un ahorro cercano a 13,000 millones de pesos anuales en las entidades federativas. No obstante, un análisis de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) advierte que la centralización total plantea retos que trascienden lo presupuestal.
México no es un territorio homogéneo. Los OPLES no solo organizan elecciones; administran conflictos comunitarios, operan procesos electorales en municipios con sistemas normativos propios y supervisan mecanismos de participación ciudadana local. Durante el ciclo electoral de 2024, estos organismos gestionaron más de 19,000 cargos de elección popular local. Centralizar esta carga en una sola estructura nacional, sin un fortalecimiento proporcional del personal de campo del INE, podría tensionar la logística electoral en regiones de alta complejidad territorial.
Especialistas en administración pública han advertido sobre el llamado “efecto espejo”: el gasto no desaparece, sino que se desplaza. Para absorber las funciones de 32 institutos locales, el INE requeriría una expansión presupuestal significativa para reforzar sus juntas locales y distritales. Analistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coinciden en que, sin una asignación adecuada de recursos, la certeza jurídica y la calidad del conteo del voto local podrían entrar en una zona de vulnerabilidad.
Más allá de los números, existe un riesgo menos visible: la desensibilización democrática. El federalismo mexicano reconoce que la vida política se construye desde lo local. La excesiva centralización podría alejar al ciudadano de los mecanismos de arbitraje inmediato y trasladar la resolución de conflictos municipales a escritorios distantes, una dinámica que México comenzó a superar desde la década de los noventa.
Como han señalado organismos internacionales de observación electoral, la democracia no se mide únicamente por su costo, sino por su capacidad de inclusión y equilibrio. Una mayoría eficiente desde el punto de vista administrativo puede resultar funcional en el corto plazo, pero frágil en términos democráticos si se debilitan los contrapesos institucionales.La discusión, por tanto, no debería reducirse a si la reforma “ahorra” o no recursos, sino a qué fortalece, qué debilita y qué tipo de democracia busca consolidar. El reto para el Congreso, las fuerzas políticas y la ciudadanía será sostener un debate informado, técnico y responsable, donde la austeridad no se convierta en un fin en sí mismo, sino en un medio para construir instituciones más sólidas y legítimas.