La carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero, entregada al Senado el 27 de
noviembre de 2025, no fue un acto menor de retiro, fue el cierre de una era, una
gestión marcada por críticas recurrentes sobre impunidad, lentitud judicial y
cuestionamientos sobre su eficacia.
Aquel anuncio desencadenó una de las transiciones más rápidas y significativas
en la Fiscalía General de la República desde su creación como institución
autónoma en 2019. En un solo día, el Senado aprobó la separación con 74 votos a
favor y 22 en contra.
Al mismo tiempo, la presidenta Sheinbaum confirmó públicamente que había
ofrecido una embajada al exfiscal, quien aceptó, un movimiento que muchos
interpretan como una salida decorosa pero políticamente forzada.
En ese contexto estalla el nombre de Ernestina Godoy: ex-consejera jurídica de la
Presidencia, con historial como Fiscal de la Ciudad de México y una trayectoria
política estrechamente vinculada a Morena.
Antes de dejar la Consejería Jurídica, Godoy renunció al cargo y fue designada
como encargada de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cargo que,
por ley, le permite asumir interinamente la conducción de la FGR ante la ausencia
del titular.
En un breve mensaje a la nación, Godoy expresó que asume la responsabilidad
“con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, agradeciendo la confianza
depositada por la presidenta.
Para muchos simpatizantes del gobierno, representa una oportunidad para
reactivar la Fiscalía con renovado impulso, en un momento en que la impunidad y
la falta de resultados habían erosionado la confianza ciudadana.
No es exagerado afirmar que este relevo lleva la firma de Claudia Sheinbaum. Al
decidir ofrecer una embajada a Gertz Manero y colocar a Godoy en el interinato, la
mandataria dio señales claras de lo que pretenden: una Fiscalía más alineada
políticamente con su proyecto de Gobierno, bajo el argumento de restaurar
credibilidad y eficiencia.
La rapidez del procedimiento, renuncia, aceptación, nombramiento interino,
demuestra intencionalidad deliberada. No se trató de un mero trámite burocrático,
sino de un movimiento estratégico para consolidar el control institucional, al menos
en el mediano plazo.
Y aunque Sheinbaum subrayó que la decisión final sobre la titularidad permanente
corresponde al Senado, pocos dudan de que Godoy es la carta fuerte del
Ejecutivo.
Los primeros en alzar la voz fueron legisladores de oposición. Desde el Partido
Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), los señalamientos fueron
duros: denunciaron una “erosión institucional”, una manipulación política de la
Fiscalía y el riesgo de instaurar un ente “a modo” que proteja a aliados del
Gobierno.
En privado, algunos legisladores opositores lamentan que el repliegue político y el
ausentismo en la sesión crítica del Senado, haya evidenciado debilidad frente a
una acción institucional que, para muchos, representa un desplazamiento del
equilibrio de poderes.
Para buena parte de la sociedad, la sustitución de Gertz Manero por Godoy abre
una ventana de esperanza: una Fiscalía renovada, dispuesta a dar resultados, a
atender casos rezagados, a ejecutar justicia con agilidad. En un país lastimado por
la impunidad, esa posibilidad despierta expectativas legítimas.
Pero también hay un riesgo real: que esta nueva etapa termine siendo una
consolidación del control político. La institucionalidad se juega en ese delicado
equilibrio entre autonomía e influencia gubernamental. Si Godoy actúa con
independencia, podría recuperar la confianza ciudadana. Si no, se reforzaría la
desconfianza en un sistema de justicia percibido históricamente como permeable a
la política.
La designación marca un parteaguas. Este relevo no solo cambia nombres.
Cambia, potencialmente, la lógica de la acción penal en México: quién decide,
cómo se investiga y a quién se persigue.
La salida de Gertz Manero y la entrada de Godoy configuran el primer gran
movimiento institucional del mandato de Sheinbaum. Representan una apuesta
audaz: reposicionar la Fiscalía como eje de legitimidad del gobierno. Pero ahora
vendrá la prueba decisiva: resultados. Las investigaciones emblemáticas, los
casos históricos y los expedientes pendientes, es donde se definirá la credibilidad
real de este relevo.
Y mientras tanto, la oposición guardará los ojos abiertos, preparada para
denunciar cualquier desviación, cualquier retroceso en autonomía. Este cambio,
más allá de los nombres, más allá de los cargos, representa, quizá, la última
oportunidad para que la Fiscalía General de la República deje de ser símbolo de
impunidad y se transforme en instrumento de justicia, con todas sus dimensiones:
ética, política y social.