México atraviesa un momento decisivo. No se trata únicamente de la protesta de un sector ni de la discusión de una sola ley: lo que vemos es un síntoma profundo de cómo se está gestionando el poder, cómo se comunica lo público y qué tan sólidas son las estructuras que sostienen la gobernabilidad democrática. Las últimas semanas lo han dejado claro: un conflicto que pudo anticiparse terminó escalando al espacio más primario de presión política que existe en el país, la carretera. Cuando la conversación no ocurre en las instituciones, ocurre en el asfalto.
El caso de los transportistas evidencia una falla estructural: la comunicación gubernamental entró tarde a un conflicto que venía creciendo con cifras de robo que superaron cinco mil incidentes anuales, la mayoría con violencia. El problema no es solo el robo; es la ausencia de un marco narrativo que genere confianza, que explique el enfoque de seguridad, que demuestre resultados, que dé certidumbre operativa. Sin esa comunicación preventiva, la calle se vuelve tribunal y la protesta se convierte en lenguaje. El bloqueo no es un acto espontáneo: es un reclamo acumulado que no encontró canales institucionales de escucha temprana.
Por otro lado, y este punto requiere claridad y profundidad, la discusión de la nueva Ley General de Aguas no está relacionada con la protesta logística por coincidencia, sino porque ambas situaciones revelan una misma grieta: decisiones estructurales que se anuncian antes de ser comprendidas socialmente. Se esperan consensos sin haber construido consentimiento. México discute más de cincuenta modificaciones legales que afectarán a usuarios industriales y agrícolas, pero el debate se socializa cuando la reforma ya está en fase de dictamen. Es ahí donde se fractura la gobernanza. No es que los actores rechacen el cambio; es que no se sienten parte del proceso que lo define.
Reducido a su centro, el problema es estratégico, no coyuntural. Gobernar exige diseñar política pública y comunicarla con la misma profundidad. La narrativa no puede llegar cuando el conflicto ya está en la calle: debe precederlo. Una comunicación eficaz identifica tensiones antes de que estallen, explica con claridad técnica y emocional qué se propone, quién gana, quién pierde y cómo se mitigan daños. Una comunicación eficaz no sustituye a la política pública; la vuelve posible.
El país necesita un cambio de método. Gobernar no es declarar, es deliberar. No es informar al final, es construir consenso desde el inicio. La comunicación debe dejar de ser herramienta de control y convertirse en herramienta de gobernanza. Si la narrativa llega después de la decisión, se convierte en defensa; si llega antes y con inteligencia, se convierte en anclaje institucional. La diferencia entre conflicto y estabilidad está en el momento en que se comunica.
Los gobiernos que entienden esto gobiernan mejor. Los que no, repiten ciclos: anuncian, enfrentan resistencia, se reacomodan, corrigen tarde. México no puede operar permanentemente en gestión de crisis. Necesita un enfoque que anticipe, explique, escuche y pacte. No basta hablar más fuerte: hace falta hablar más claro y escuchar más temprano.
Hoy el país no se fractura: se advierte. Lo que está en juego no es una reforma ni un paro, sino la capacidad del Estado para sostener diálogo, legitimidad y conducción. Gobernar es comunicar, pero comunicar no es anunciar; es construir confianza. La estabilidad democrática dependerá de qué tan pronto comprendamos esa diferencia.