Estudio de caso sobre el uso de cadenas en las elecciones de México, Brasil y Perú
Autor: Eddie Alberto Aguilar
Columna: Politólogos Digitales
Introducción
En las últimas dos décadas, América Latina ha experimentado transformaciones radicales en sus sistemas de comunicación política. Si antes la televisión abierta y la radio eran los principales campos de batalla electoral, hoy la disputa se libra en los teléfonos móviles. En particular, WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular de la región con más de 400 millones de usuarios en Latinoamérica según datos de Statista (2023), se ha convertido en un arma política silenciosa, barata y altamente efectiva.
El uso de cadenas de WhatsApp durante elecciones ha sido clave en los comicios de México (2018), Brasil (2018) y Perú (2021), tres países donde la aplicación se transformó en un vector de desinformación, propaganda electoral y movilización de votantes. Este fenómeno plantea serios retos para la salud democrática, pues abre la puerta a la manipulación masiva de la opinión pública en un entorno casi imposible de regular.
WhatsApp y la política: un ecosistema perfecto
El atractivo de WhatsApp como herramienta electoral se explica por varias razones:
- Alcance masivo y penetración social: la aplicación es gratuita, ligera y está instalada en casi todos los teléfonos inteligentes de la región.
- Confianza interpersonal: los mensajes llegan a través de contactos conocidos —amigos, familiares o colegas—, lo que les da mayor credibilidad que una noticia anónima en redes abiertas.
- Dificultad de fiscalización: al tratarse de comunicaciones privadas y cifradas, las autoridades electorales carecen de mecanismos efectivos para supervisar o detener campañas masivas de desinformación.
- Bajo costo y alta efectividad: contratar servicios de envío automatizado de cadenas resulta mucho más barato que financiar propaganda televisiva o radial.
En este escenario, los partidos y operadores políticos han convertido a WhatsApp en su arma preferida para influir en la opinión pública.
Caso México 2018: la guerra de las cadenas
En México, las elecciones de 2018 marcaron un punto de inflexión. Durante la campaña que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó la existencia de más de 60,000 grupos de WhatsApp creados para fines políticos.
Los rivales de AMLO difundieron mensajes alarmistas sobre un supuesto “modelo venezolano” que él implantaría en México, mientras que sus simpatizantes viralizaban cadenas que denunciaban corrupción de la élite gobernante. Investigaciones periodísticas, como las realizadas por The New York Times y Animal Político, revelaron que varias de estas cadenas eran noticias falsas fabricadas por consultoras privadas, contratadas por grupos de interés que buscaban influir en la elección.
Aunque el impacto exacto en los resultados electorales es difícil de medir, el fenómeno fue tan masivo que el INE inició discusiones sobre cómo regular la propaganda digital y prevenir la manipulación en futuros comicios.
Caso Brasil 2018: el laboratorio del bolsonarismo
El ejemplo más emblemático del poder de WhatsApp en política proviene de Brasil. Durante las elecciones de 2018, la campaña de Jair Bolsonaro utilizó la aplicación como su principal plataforma de comunicación.
Investigaciones del diario Folha de São Paulo revelaron que empresarios cercanos a Bolsonaro financiaron con hasta 3 millones de dólares servicios de envío masivo de mensajes por WhatsApp. Estas empresas contrataron herramientas tecnológicas capaces de enviar millones de cadenas diarias a través de números falsos y cuentas automatizadas.
Los mensajes incluían desde ataques directos a sus adversarios políticos hasta noticias falsas sobre fraude electoral, corrupción o supuestas conspiraciones de izquierda. La capacidad de difusión fue tal que, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, más del 70% de los votantes de Bolsonaro reconoció haber recibido información política por WhatsApp.
El Tribunal Supremo Electoral abrió investigaciones por abuso de medios digitales y desinformación, aunque hasta la fecha no se han dictado sanciones contundentes. El “modelo WhatsApp” de Bolsonaro se convirtió en referencia internacional sobre cómo la desinformación digital puede decidir una elección.
Caso Perú 2021: la batalla del miedo
En Perú, el papel de WhatsApp se evidenció de manera dramática en las elecciones presidenciales de 2021, que enfrentaron a Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha).
Durante la segunda vuelta, se multiplicaron cadenas de WhatsApp en zonas urbanas y rurales. Entre ellas destacaban mensajes que acusaban a Castillo de querer instaurar un régimen comunista similar al de Venezuela, así como advertencias falsas de que Fujimori pretendía indultar a corruptos o perpetuar la dictadura fujimorista.
El problema se agravó con cadenas que denunciaban un supuesto “fraude electoral” tras la victoria de Castillo. Estas narrativas alimentadas por operadores políticos y replicadas por ciudadanos comunes profundizaron la polarización social y minaron la confianza en el sistema electoral.
La Misión de Observadores de la OEA advirtió que la desinformación en WhatsApp jugó un rol central en el clima de tensión postelectoral. Sin embargo, la legislación peruana no cuenta con herramientas claras para controlar este tipo de propaganda.
Impacto regional: democracia bajo amenaza
Los tres casos analizados muestran un patrón común:
- Manipulación emocional: apelación al miedo, la corrupción o el caos.
- Desinformación masiva: noticias falsas que circulan más rápido que las desmentidas.
- Debilidad institucional: los organismos electorales no tienen capacidad para auditar comunicaciones privadas.
Este fenómeno pone en evidencia que WhatsApp no es solo un medio de comunicación personal, sino una plataforma que puede ser instrumentalizada para influir en decisiones electorales y socavar la confianza democrática.
Hacia una regulación responsable
La gran pregunta es cómo regular un espacio tan íntimo como WhatsApp sin vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. Algunas propuestas en discusión incluyen:
- Transparencia en la publicidad digital: obligar a identificar quién financia campañas políticas en redes cerradas.
- Limitación técnica: restringir el número de reenvíos masivos para reducir la viralización de fake news.
- Educación digital: capacitar a los ciudadanos en verificación de información y pensamiento crítico.
- Cooperación tecnológica: que las empresas dueñas de estas plataformas colaboren con las autoridades electorales en contextos críticos.
El “arma política WhatsApp” ya es una realidad en América Latina. México, Brasil y Perú ofrecen lecciones claras sobre cómo la desinformación viralizada en cadenas puede alterar procesos democráticos, potenciar liderazgos autoritarios o generar desconfianza en las instituciones.
La democracia regional enfrenta el reto de adaptarse a una era digital donde el campo de batalla ya no está en las plazas públicas ni en los grandes medios, sino en la intimidad de los teléfonos móviles. Ignorar este fenómeno sería permitir que las próximas elecciones se decidan no en las urnas, sino en las cadenas de WhatsApp.
Eddie Alberto Aguilar Acurio es colaborador de la Consultora Política Latinoamericana “Politólogos Digitales”, estudiante del Instituto de Educación Superior Público (IESP) Simón Bolívar, donde cursa la carrera técnica de Desarrollo de Sistemas de Información, formación que lo prepara para diseñar, implementar y gestionar soluciones tecnológicas innovadoras, capaces de responder a los desafíos del entorno digital actual. Complementa su preparación académica con certificaciones como Supervisor de Seguridad y diplomados en gestión y seguridad, que reflejan su compromiso con la protección de las comunidades y la excelencia organizacional. En el ámbito del voluntariado, ha demostrado un liderazgo notable a través de su participación en el programa “Voluntariado Ciudadano” del Congreso de la República, orientado a fortalecer la vocación de servicio, la sostenibilidad ambiental y la atención efectiva en situaciones de emergencia. Asimismo, es fundador de la ONG Supla, dedicada a la intervención social y comunitaria en beneficio de poblaciones vulnerables y al impulso del desarrollo sostenible en diversas regiones del país. La combinación de su formación técnica, experiencia en seguridad y liderazgo en proyectos sociales lo posiciona como un joven profesional comprometido con el progreso y el bienestar de su comunidad.