“Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene.” — Tácito.
En España, el debate sobre la corrupción parece cíclico, estacional, casi folclórico. Cada cierto tiempo estalla un caso y el escándalo dura lo que dura el ciclo mediático. Luego, nada cambia. Sin embargo, detrás del espectáculo político hay una verdad incómoda: la corrupción es un lastre económico real, y las empresas —especialmente las pequeñas— lo pagan con menos oportunidades, más trabas y un mercado profundamente distorsionado.
España pierde entre 40.000 y 90.000 millones de euros anuales por corrupción, según estimaciones de la Comisión Europea y Transparencia Internacional. Eso supone hasta un 7% del PIB nacional. No se trata solo de sobres y comisiones, sino de contratos inflados, obras innecesarias, normas a medida, subvenciones mal asignadas y proyectos públicos que acaban beneficiando a quienes tienen carné de partido o buenos contactos.
Los casos que vivimos en la actualidad que todos los días abren y cierran las portadas de los medios de comunicación son un ejemplo de la situación que viven las empresas. Lo preocupante no es solo el desvío de fondos, sino el mensaje que envía: en tiempos de emergencia, algunos hacen caja mientras otros pagan impuestos y arriesgan sus empresas.
“Cuando la avaricia es grande, no conoce ley.” — Cicerón.
En este entorno, muchas pymes se ven expulsadas de la competencia por falta de acceso a las redes de poder. Un informe de la CNMC (2024) revela que el 70% de los concursos públicos en España reciben una o dos ofertas, cuando lo ideal serían cinco o más. ¿Por qué? Porque los procedimientos siguen diseñados para favorecer a ciertos operadores conocidos, restando transparencia y pluralidad.
Además, la puerta giratoria sigue funcionando con fluidez. Solo en el sector energético, al menos 23 exministros o altos cargos han pasado a formar parte de consejos de administración desde 1996, según datos de la Fundación Civio. En paralelo, empresas estratégicas reciben ayudas millonarias sin un control claro sobre resultados ni retorno para el interés general.
“El que compra su poder debe venderlo para no perderlo.” — Publio Siro.
La corrupción institucional no se da solo en forma de sobres, sino también en la captura regulatoria, en la colocación de afines en órganos de control, en la manipulación del BOE y en la opacidad de muchas subvenciones públicas. Todo esto encarece el acceso al mercado, reduce la competencia y desincentiva la inversión extranjera, donde España ha salido del top 10 de países más atractivos para la inversión extranjera, experimentando una caída del 13% en este indicador de confianza según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En definitiva, la corrupción no es solo un problema ético o judicial: es un freno directo al crecimiento económico, a la innovación y al empleo. Mientras la política siga entendiendo el poder como un medio de colocación y reparto, el talento productivo y empresarial quedará relegado a un segundo plano.
“La república que deja impunes a los culpables prepara la ruina de los inocentes.” — Séneca.
Abordar la corrupción no es únicamente una cuestión ética, sino una prioridad económica crucial. La solidez de las instituciones define la calidad del entorno empresarial. Para garantizar un mercado transparente, equitativo y competitivo, es esencial que los organismos públicos actúen con imparcialidad, que el sistema judicial sea autónomo y que los empresarios se mantengan alejados de redes corruptas. Es imprescindible reducir la impunidad, promover la transparencia, incentivar la competencia en los procesos públicos y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas. De lo contrario, se perpetúa un costo oculto que penaliza a quienes trabajan honestamente, mientras beneficia a quienes explotan su influencia.
Coda: Si sustituimos el nombre de España por México, Perú, etc. …… contemplaremos una realidad similar.
ROMA LOCUTA, CAUSA FINITA.