La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral comenzará sus labores sin asignación presupuestal adicional, operando con los recursos humanos y materiales ya disponibles en la Presidencia de la República. Así lo informó el gobierno federal en la conferencia matutina del 11 de agosto, al precisar que las actividades, foros y consultas recibirán apoyo de autoridades estatales y municipales para su realización.
El titular de la comisión, Pablo Gómez, indicó que su nombramiento se realizó aprovechando una plaza vacante en la estructura de la Presidencia:
“La plaza que ocupo es de asesoría, la misma que en su momento ocupó Sergio Salomón; estaba libre y se destinó ahora a coordinar la Comisión Presidencial”.
Agregó que la organización de los encuentros ciudadanos contará con respaldo local:
“En la realización de los foros solicitaremos apoyo a gobiernos estatales y municipales, para así desarrollar las consultas públicas con mayor alcance y eficiencia”.
El decreto de creación señala que la comisión será de carácter transitorio y dependerá directamente de la titular del Ejecutivo federal. En su estructura participan seis servidores públicos, sin contar con un presupuesto específico. Entre ellos hay representantes de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Usina de la Presidencia y áreas de coordinación política.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el proceso será ampliamente participativo:
“Queremos que se sume el mayor número posible de personas. Habrá foros en diversas entidades y la posibilidad de participar en línea”.
Para ello, se habilitará una plataforma digital donde podrán enviar propuestas ciudadanos, organizaciones sociales, partidos y especialistas. Todas las ideas recibidas se publicarán de manera íntegra en el portal oficial de la comisión.
El temario a analizar contempla asuntos como el financiamiento de partidos políticos, la implementación del voto electrónico, la representación proporcional, el uso de propaganda institucional, la estructura de las autoridades electorales, así como mecanismos de consulta popular y revocación de mandato. Las discusiones se llevarán a cabo en distintas ciudades, incorporando también la visión de comunidades indígenas y de mexicanos en el extranjero.
Según el calendario oficial, las conclusiones serán entregadas a la Presidencia en enero de 2026, tras un ciclo de foros, debates y encuestas a nivel nacional. La instalación formal de la comisión deberá concretarse en un plazo no mayor a diez días hábiles después de la entrada en vigor del decreto.
Con esta estrategia, el gobierno busca optimizar el uso del presupuesto vigente, aprovechar la infraestructura existente y garantizar que la consulta llegue a todos los sectores interesados en la transformación de las reglas del sistema electoral mexicano.