- Más de 60.000 toneladas de ropa desechada en Europa y Norteamérica se acumulan en Atacama, desatando una crisis ambiental y sanitaria que desborda a las comunidades locales y a las autoridades.
En la aridez del norte chileno, un monumento al sobreconsumo global no deja de crecer. En las inmediaciones de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, una masa informe de prendas descartadas supera ya las 60.000 toneladas, extendiéndose por el desierto de Atacama con tal magnitud que plataformas de monitoreo satelital como SkyFi han podido documentar su avance desde el espacio. Camisetas, abrigos y calzado fuera de uso cubren hectáreas de terreno en uno de los ecosistemas más secos del planeta, conformando un vertedero ilegal a cielo abierto que amenaza con convertirse en un daño irreversible.
Esta acumulación es el eslabón final de una cadena comercial internacional que utiliza a Sudamérica como depósito de sus excedentes. Enormes cargamentos de ropa usada desembarcan semanalmente en el puerto de Iquique, amparados por los beneficios fiscales de su Zona Franca para su redistribución en la región. Sin embargo, tras el proceso de selección donde los importadores rescatan las prendas vendibles, toneladas de ropa deteriorada, no comercializada o fuera de temporada quedan en el limbo. Al resultar más costoso reciclar o procesar legalmente estos residuos que abandonarlos, fardos enteros terminan tirados, sepultados o arrojados clandestinamente en el desierto.
El fenómeno responde al vértigo de la “moda rápida” impulsada desde el Hemisferio Norte. Según reportes de Naciones Unidas, la Unión Europea encabeza las exportaciones mundiales de indumentaria de segunda mano con un 30% del total, seguida por el Reino Unido y Estados Unidos. En el continente europeo, cada persona adquiere en promedio 26 kilos de textiles al año y desecha cerca de 11, alimentando un mercado de ropa usada que se ha multiplicado por siete en las últimas cuatro décadas sin que los países receptores cuenten con la infraestructura adecuada para absorber tal volumen de desperdicio.
Las consecuencias de esta marea textil sobrepasan lo estético y alcanzan la salud pública. Fabricadas mayoritariamente con poliéster, nailon y acrílico —derivados directos del petróleo—, las fibras sintéticas tardan siglos en degradarse y liberan microplásticos de forma continua. La situación se agrava con los frecuentes incendios que consumen los acopios: la quema masiva de estos materiales genera columnas de humo tóxico que obligan a los habitantes de Alto Hospicio a confinarse en sus casas, mientras las cenizas y los compuestos químicos de la confección filtran hacia el suelo con el riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua.
Ante una situación catalogada por la ONU como emergencia ambiental y social, la respuesta institucional apenas comienza a articularse. Aunque el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta responsabilizó al Estado chileno por omitir el control de estos vertederos e instruyó la creación de un plan de reparación a diez años —dictamen actualmente bajo apelación—, y pese a la inclusión de los textiles en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la brecha entre la regulación local y el flujo imparable de basura textil internacional sigue dejando desprotegido al territorio.